sábado, 13 de abril de 2013

SOBRE LA AMNISTIA: PARA EL DESLINDE CON EL SENDERISMO ARREPENTIDO


NULLUM CRIMEN SINE POENA: Las Leyes de Amnistía y su Impacto en los Procesos de Justicia Transicional en Latinoamérica

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Dr. Víctor Roberto Prado SaldarriagaDoctor en Derecho por la Universidad de Valencia, España. Consultor de las Naciones
Unidas, Organización de Estados Americanos y Comunidad Andina de Naciones.
Juez Titular de la Corte Suprema de Justicia de la República.
Consejero del Consejo Directivo de la Academia en la Magistratura. Profesor Principal en la
Academia de la Magistratura.

Sumario:I. Leyes de Amnistía y justicia transicional. II. Tipología de las leyes de amnistía en Latinoamérica. III. Sobre la doctrina penal de la no impunidad. IV. Impacto de la doctrina penal de la no impunidad en el tratamiento judicial de casos por violación de los derechos humanos en Latinoamérica. V. Conclusiones. VI. Bibliografía.

I. LEYES DE AMNISTIA Y JUSTICIA TRANSICIONAL
Como bien destaca María Avello:
“… el concepto de justicia transicional se refiere principalmente a las estrategias judiciales y de otro orden que se adoptan en Estados en los que se han dado graves violaciones de los derechos humanos. Su finalidad es lograr la reconciliación y la justicia entre las partes enfrentadas y garantizar el desarrollo de una paz duradera y de una sociedad democrática”2.
Partiendo, pues, de un concepto funcional y operativo como ese, resulta admisible sostener que las leyes de amnistía guardan una relación directa, o cuando menos indirecta, con los diferentes objetivos y estrategias que suelen identificar a los programas de justicia transicional. En efecto, sea que la amnistía se instrumentalice como una vía válida de reconciliación y paz; o cuando, por el contrario, ella aparezca configurada como un evidente o encubierto mecanismo de impunidad, con capacidad para frustrar el logro de fines trascendentes y universales como la verdad, la reparación de las víctimas o la intangibilidad de la memoria, la justicia transicional tiene que ocuparse de las leyes de amnistía. Sobre todo porque, como afirma José Zalaquett:
“… las autoamnistías suponen aprovecharse del propio dolo (mediante la usurpación de funciones legislativas) y que constituyen un obstáculo para el conocimiento de la verdad general y de casos particulares, como derecho en sí, como bases de un necesario reconocimiento social y como parte de un proceso de justicia penal, de reparaciones y de justicia restaurativa, entendida esta última como la que busca asegurar la dignidad, derechos e inclusión de quienes han sido marginados, excluidos y reprimidos, con el fin último de avanzar hacia la construcción de una sociedad más justa”3.
Por consiguiente, la evaluación, discusión y el esclarecimiento acerca de la función real que han cumplido las leyes de amnistía en las experiencias de justicia transicional en Latinoamérica, constituye una vía idónea para fijar estándares comunes de comprensión democrática sobre los roles que corresponde desempeñar a los operadores de justicia en el esclarecimiento de la verdad y en la afirmación de los derechos humanos.
Al respecto, cabe reconocer que en la última década se ha configurado progresivamente, a través de la interpretación jurisprudencial de los instrumentos regionales e internacionales de protección de los derechos humanos, un consolidado sistema de principios y reglas prácticas que inciden -directamente y con eficacia vinculante- en la valoración y eficacia que los órganos estatales encargados de administrar justicia constitucional o penal deben conceder a las leyes de amnistía, especialmente en coyunturas de transición o de afirmación democrática.
En ese contexto, por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha precisado que las leyes de amnistía colisionan con los deberes y objetivos de la justicia en casos de crímenes de Estado:
“… por lo general, las amnistías generales para el crimen de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones serias a los derechos humanos se consideran inaceptables en el Derecho Internacional y la Comunidad Internacional no las tiene que respetar (….). Además, las amnistías en los países signatarios del Estatuto de Roma que cubren crímenes bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional pueden violar las obligaciones legales bajo este Estatuto y el Fiscal no tiene ningún deber de respetarlas”4.
En el presente, bajo el influjo de esa corriente internacional, varios estados latinoamericanos se encuentran impulsando estrategias y políticas judiciales que, a partir de un nuevo enfoque y tratamiento de las leyes de amnistía, coadyuven a un proceso coherente y eficaz de justicia transicional. Ese es el caso del Perú donde, luego de un cruento período de violencia y dictadura que ocupó diez años de nuestra historia y dejó 69,280 víctimas, de las cuales 23,149 fueron muertos y desaparecidos, se ha logrado reconstruir la democracia y los valores sociales a partir de sucesivas medidas de justicia transicional, como la creación y eficiente desempeño de una Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR) cuyo informe final posibilitó la judicialización de numerosos casos emblemáticos de violación de derechos humanos imputados a destacamentos militares o unidades especiales de inteligencia5. De ellos cabe destacar los procesos penales y la condena de los integrantes del denominado Grupo Colina, autores materiales y directos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta; pero, sobre todo, la extradición, juzgamiento y condena del ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori, a quien se responsabilizó como autor mediato de tales crímenes lográndose, además, el reconocimiento de los daños sufridos por las víctimas de esas graves manifestaciones de criminalidad estatal. Lamentablemente, en el Perú los programas estatales de reparación de estas violaciones a los derechos humanos no han alcanzado igual grado de realización, y las acciones en este dominio son todavía inciertas e insuficientes.
Ahora bien, la discusión judicial sobre las leyes de amnistía y su interpretación desde los fines de la justicia transicional no ha sido ajena a nuestra experiencia nacional; de allí que en el fundamento jurídico 624 de la sentencia que condenó al ex Presidente Fujimori, se indique la actitud que este asumió al pretender cubrir -con una premeditada ley de amnistía- las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que configuraron crímenes de Estado durante su gobierno:
“… la impunidad desde la alta instancia del Estado, la Presidencia de la República fue lo que al final de cuentas se consiguió, además de incoar mecanismos de persecución contra los denunciantes y de lograr la inhibición de todo esfuerzo individual o colectivo de esclarecer los hechos, procesar los autores y sancionar a los responsables. Tan complejo, extenso, intenso y persistente mecanismo de impunidad -como es obvio- no podía ser obra autónoma de la estructura castrense o de un sector de los aparatos de inteligencia o servicio secreto del Estado. Debió, y de hecho así tuvo que ocurrir, ser parte de un plan organizado desde quien detentaba la Jefatura del Estado, el concurso de todos los poderes públicos y de las instancias estatales de investigación y juzgamiento sólo se puede explicar con el concurso del Presidente de la República”.
A la luz de estas nuevas tendencias, el futuro de la institución de la amnistía comienza también a ser discutido por la dogmática penal y procesal penal. Algo similar ocurre con las reglas sobre la prescripción, así como con la inmutabilidad de la cosa juzgada o la aplicación retroactiva de leyes penales desfavorables al imputado. Al respecto, se ha llegado a sostener que en estos dominios se viene construyendo una nueva doctrina penal y una nueva política criminal afín a las necesidades de la justicia transicional. Algunos, incluso, identifican todos estos cambios como desarrollos de un innovado principio nullun crimen sine poena. Urge, pues, identificar el impacto presente y futuro de todo ello en el proceder de las agencias del sistema penal, así como en el quehacer operativo que les corresponde asumir a fiscales y jueces como ejecutores directos y proactivos de las estrategias de justicia transicional, que resulten conducentes a la investigación, juzgamiento y sanción de los autores y partícipes de crímenes contra la humanidad.
II. TIPOLOGÍA DE LAS LEYES DE AMNISTÍA EN LATINOAMÉRICA
La reciente evolución histórica de las leyes de amnistía en nuestra región permite
identificar una tipología que reúne a tres modelos diferentes: la amnistía tradicional,
las autoamnistías y las amnistías negociadas o acordadas.
II.1. Amnistía tradicional.
El primer modelo o de la amnistía tradicional se ha caracterizado por responder a una voluntad política de reconciliación y reivindicación social del opositor o disidente. Esto es, la búsqueda de la relegitimación del adversario político detenido o condenado, así como del olvido de los actos delictivos o de agitación social que aquel realizó en contra del Estado o de sus órganos e instituciones. Los especialistas suelen sostener que esta clase de leyes de amnistía se caracterizan por alcanzar un fácil y rápido consenso ciudadano, pues son “en todos sus aspectos de naturaleza política, puesto que el fin que persigue la misma es fomentar la unión y concordia nacional, olvidando aquellas infracciones ilegales que podrían representar un motivo de división entre los grupos sociales”6. Son estas formas de amnistía las que coexisten en nuestras Constituciones y Códigos Penales o Códigos de Procedimientos Penales como clásicas causales de extinción de la acción penal o de la ejecución de la pena. A ellas se refieren, por ejemplo, los artículos 78, inciso 1) y 85, inciso 1) del Código Penal peruano de 1991.
Su contenido fundamentalmente clemente y compensatorio ha llevado a que los juristas latinoamericanos, en línea predominante y con independencia de su ideología conservadora o progresista, se refieran a estas leyes de amnistía con similares enfoques de legitimidad y tolerancia. Por ejemplo, el profesor colombiano Fernando Velásquez se refiere a ellas como:
“… un acto de poder soberano mediante el cual se borran con el olvido total y absoluto las infracciones a la ley penal catalogables como de carácter político, para poner fin tanto a los procesos comenzados o por iniciarse como a las condenas pronunciadas. Se trata, pues, de un suceso propio de la política estatal en cuya virtud -en épocas de crisis- los gobiernos tornan nulas las leyes expedidas con miras a restablecer la concordia, la paz y la seguridad de las instituciones estatales, vitales para el funcionamiento de la organización social”7.
No obstante, en un nivel minoritario algunos autores, como el caso de los españoles Cobo del Rosal y Vives Antón, han rechazado también las leyes de amnistía tradicional sosteniendo que constituyen graves atentados al principio de legalidad penal y procesal penal no resultando, por ello, compatibles con un Estado Social y Democrático de Derecho8.
También se ha destacado entre los especialistas, las características, presupuestos y límites que deben regular la producción y eficacia de las leyes de amnistía tradicional.
Al respecto el penalista peruano Luis Roy Freyre describe como sus rasgos esenciales
los siguientes:
“a) La ley amnistiante debe identificar los hechos delictivos que beneficia mediante la mención de los numerales que los tipifican.
b) La amnistía únicamente aprovecha a los infractores cuyas conductas están comprendidas en el tiempo que precise la ley.
c) La ley de amnistía comprende a los delitos consumados, no existiendo inconvenientes para que abarque a los continuados y permanentes, siempre que la continuidad o permanencia cesen.
d) Si la autoridad encargada de aplicar la ley de amnistía no lo hace con la debida celeridad, o si se niega a hacerle partícipe de sus beneficios a quien se cree con tal derecho, entonces procede la acción de habeas corpus”9.
En el marco del Derecho Internacional regional, la concesión de este tipo de amnistías es también asumida como un derecho y una ponderada posibilidad de evitar la ejecución de la pena de muerte. Efectivamente, el inciso 6 del artículo 4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce expresamente que: “Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté
pendiente de decisión ante autoridad competente”.
La experiencia histórica de las leyes de amnistía en el Perú permite identificar y graficar las leyes de amnistía tradicional, tomando como ejemplo a la Ley N° 23215 del 28 de julio de 1980, promulgada por el entonces Presidente Constitucional de la República Fernando Belaúnde Terry, al inaugurar un nuevo periodo democrático luego de 12 años de gobiernos militares de facto. Según el texto de los dos primeros artículos de dicha ley, se establecía el siguiente régimen:
“Artículo 1.- Concédase amnistía general a quienes a la fecha de la promulgación de
la presente ley se hallen denunciados, encausados o condenados en los fueros común o
privativo, por hechos de naturaleza político-social o conexos o subordinados a éstos.
Artículo 2.- Están comprendidos dentro de los alcances del artículo anterior, quienes se
encuentren denunciados, encausados o condenados en los casos siguientes:
a) En aplicación de los Decretos Leyes 18675, 20680 y 22244, denominados Estatutos de la
Libertad de Prensa y Ley de Prensa.
b) Por infracción del Decreto Ley 22339 modificatorio del Código de Justicia Militar.
c) Por hechos o delitos derivados de huelgas, paros, luchas sindicales o agrarias.
d) Por hechos y delitos acontecidos con ocasión de las campañas electorales de 1978 y
1980, salvo los delitos contra la fe pública.
e) Por hechos que tengan la misma naturaleza que los anteriormente mencionados”.


II.2. Autoamnistía.
El segundo modelo típico de leyes de amnistía que se han promulgado en nuestra región corresponde al de las autoamnistías. Se trata, pues, de un inescrupuloso abuso de quienes detentando poder y habiendo incurrido en graves, sistemáticas e indeterminadas violaciones de derechos humanos, como actos de genocidio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas de personas o prácticas de tortura y tratos crueles o degradantes, recurrieron a las formas de la amnistía para procurarse a sí mismos vías de impunidad o exoneración de sus crímenes de Estado. Recurriendo, pues, a la cubierta formal de leyes de amnistía esta clase de disposiciones se han orientado a procurar un blindaje de apariencia legal, configurando obstáculos capaces de frustrar todo intento futuro de investigación, esclarecimiento de responsabilidades y sanción penal de los autores directos o mediatos de tales crímenes de lesa humanidad.
Las leyes de autoamnistía se fueron reproduciendo con significativa coincidencia y recurrencia en el marco de gobiernos de facto militares y civiles que usurparon el poder y que afectaron las democracias sudamericanas en las tres últimas décadas. Es importante destacar que tales normas conservaron sus efectos y prolongaron su operatividad, incluso muchos años después de que nuestros países recuperaran la democracia y constitucionalidad.
La más calificada doctrina penal latinoamericana ha rechazado plenamente toda pretendida compatibilidad o asimilación de las leyes de autoamnistía a la modalidad legal de las amnistías de cuño tradicional, constituyendo la ratio legis de unas y otras su principal factor de diferenciación. Ahora bien, un rasgo definitorio de este modelo de amnistía, el cual permite advertir sus fines subalternos y contrarios a la justicia, la verdad y la reparación, es la abierta y directa focalización de sus alcances o efectos hacia el personal militar o de destacamentos de inteligencia que realizaron operaciones de detención, tortura, eliminación o desaparición de personas en el marco de planes contrasubversivos o de guerra sucia.
Eugenio Raúl Zaffaroni se refiere a estas leyes como delictivas y capaces de legitimar el encubrimiento:
“Un caso sin precedentes en nuestra historia legislativa, de tentativa de encubrimiento por vía de la amnistía, fue el acto de poder número 22.924 del 22 de septiembre de 1983, que pretendió amnistiar los actos de fuerza de los usurpadores a través de otro emergente de la misma fuente, por lo cual su propio contenido configura una acción típica de encubrimiento. Se trataba de un delito con apariencia y registro de ley, lo cual, precisamente, lo hacía típico y le restaba todo carácter legal. Aunque fue formalmente derogada por el Congreso de la Nación (Ley 23.040 del 22 de diciembre de 1984) no correspondía hacerlo, porque no se trataba de una ley, sino de un delito”10.

La cuestionada norma, denominada “Ley de Pacificación Nacional”, fue muy específica en cuanto a sus fines, efectos y beneficiarios, los cuales se precisaban en su artículo 1 del modo siguiente:
”Declárense extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Los beneficios otorgados por esta Ley se extienden, asimismo, a todos los hechos de naturaleza penal realizados en ocasión o con motivo del desarrollo de acciones dirigidas a prevenir, conjurar o poner fin a las referidas actividades terroristas o subversivas, cualquiera hubiere sido su naturaleza o el bien jurídico lesionado. Los efectos de esta ley alcanzan a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos”.
En cuanto a la experiencia peruana fue también un caso emblemático de esta segunda modalidad de leyes de amnistía la Ley N° 26479 del 15 de junio de 1995 que promulgó el ex Presidente Alberto Fujimori Fujimori. El tenor de su artículo 1 identificaba plenamente tal condición:
“Concédase amnistía general al personal Militar, Policial o Funcional correspondiente, que se encuentre denunciado, investigado, encausado, procesado o condenado por delitos comunes y militares en los Fueros Común o Privativo Militar, respectivamente, por todos los hechos derivados u originados con ocasión o como consecuencia de la lucha contra el terrorismo y que pudieran haber sido cometidos en forma individual o en grupo desde mayo de 1980 hasta la fecha de la promulgación de la presente ley”.
II.3. Amnistía negociada o acordada.
Finalmente, la tercera expresión legislativa de las leyes de amnistía que ha conocido el continente es el de las amnistías negociadas o acordadas. Esta clase de leyes se han caracterizado por integrar, de manera equívoca o subrepticia, los fines y efectos de las modalidades anteriormente analizadas. En ellas el articulado mezcla y confunde los objetivos de las autoamnistías con las formalidades y presupuestos de las amnistías tradicionales. Su apariencia inocua hace que pasen buen tiempo desapercibidas, hasta que comienzan a ser invocadas para la exoneración de procesos y responsabilidades que pretenden incoarse a perpetradores de delitos de lesa humanidad. En tales contextos, su vigencia entra en crisis y empieza a cuestionarse su legitimidad.
En la experiencia latinoamericana este tipo de amnistías fueron introducidas en función de pactos y acuerdos políticos como una especie de “mal menor”, con la finalidad de viabilizar el retorno a la democracia o de asegurar la gobernabilidad transicional. Se asemejan, pues, a “contratos de atadura”. Si se plantea la inaplicación de las mismas por contener encubiertas grietas de impunidad, se compromete, también, su eficacia sobre los legítimos destinatarios político-sociales de las mismas. Este efecto perverso debilita o tarda la asimilación política y social de que ellas son también formas de frustrar la memoria, la verdad y la justicia.
No obstante, en la última década, los esfuerzos desplegados en la doctrina y en la jurisprudencia internacional para desenmascarar su doble rol van rindiendo resultados que tienden a separar su estructura y alcance bipolar, restando eficacia a sus componentes ilegítimos y favorecedores de la impunidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado a la Ley Brasileña N° 6.683 del 19 de septiembre de 1979, especialmente por la amplitud y ambigüedad del parágrafo 1 del artículo 1, como asimilable a la tercera modalidad de leyes de amnistía que hemos descrito. En dicha norma de amnistía se establecía lo siguiente:
“Artículo 1. Se concede amnistía a quienes en el periodo comprendido entre el 02 de septiembre de 1961 y el 15 de agosto de 1979, cometieron crímenes políticos o conexos con estos, crímenes electorales, a quienes tuvieron sus derechos políticos suspendidos y a los servidores de la administración directa e indirecta, de fundaciones vinculadas al poder público, a los servidores de los poderes legislativo y judicial, a los militares y a los dirigentes y representantes sindicales, con fundamento en actos institucionales y  omplementarios.
Parágrafo 1.- Se consideran conexos, para efectos de este artículo, los crímenes de cualquier naturaleza relacionados con crímenes políticos o practicados por motivación política”.
También constituye un exponente atípico de esta tercera forma de leyes de amnistía la Ley uruguaya N° 15.848, denominada también Ley de Caducidad, que fue aprobada en sede parlamentaria el 22 de diciembre de 1986. Cabe recordar que esta norma tuvo un largo periodo de vigencia y tolerancia social; incluso pudo sortear un referéndum formal realizado el 22 de junio de 1989 y un proyecto de reforma constitucional dirigido a declararla nula rechazado el 25 de octubre de 2009. En ambas ocasiones más de un 50% de los consultados se manifestó a favor de dicha ley. La redacción de su artículo primero - el cual no alude expresamente a una amnistía- deja constancia expresa de su condición negociada:
“Artículo 1°.- Reconócese que, como consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre los partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 01 de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales,equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas durante el periodo de facto”.
III. SOBRE LA DOCTRINA PENAL DE LA NO IMPUNIDAD
El rechazo internacional hacia leyes de amnistía correspondientes al segundo y tercer modelo, de la tipología que hemos reseñado, se ha consolidado en nuestra región a partir de importantes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, además, los sólidos principios y argumentos que han sustentado tales fallos han trascendido el espacio de la jurisdicción transnacional para convertirse, progresivamente, en una nueva doctrina penal y procesal penal. Este enfoque crítico y revisionista resulta ser totalmente diferente de aquel tradicional que ha rodeado pacíficamente la exégesis de las disposiciones alusivas a la amnistía y a sus efectos en los códigos nacionales o en los manuales especializados sobre tales materias.
El español José María Silva Sánchez, quien analiza con cautela estas tendencias, acierta en denominar a las mismas como Doctrinas Penales de Lucha contra la Impunidad y del Derecho de la Víctima al Castigo del Autor11. Para todas ellas, las leyes de amnistía constituyen atentados a un bien jurídico supraindividual y universal constituido por el derecho a la verdad y a la justicia.
Esta postura dogmática resulta, por lo demás, coherente con el estatus, la jerarquía y la ubicación sistemática que suele darse a delitos de lesa humanidad como el genocidio, la desaparición forzada de personas, las ejecuciones extrajudiciales o la tortura en el derecho penal interno de los países latinoamericanos. Como destaca Meini:
“Sólo una definición de lesa humanidad orientada en función del bien jurídico permite apreciar que en tales casos no se lesiona únicamente a la víctima individual en sus derechos básicos, sino a la humanidad en su conjunto. De hecho, es esta la razón que justifica la imprescriptibilidad de la acción penal y la jurisdicción universal en los crímenes contra la humanidad”12.
Es más, tal descalificación de las autoamnistías o de las amnistías negociadas deviene en proporcional a las características y gravedad que identifican la realización de tales ilícitos como crímenes de Estado. Por lo que es correcto afirmar que en la actualidad:
“… la evitación de la impunidad se ha convertido en el más moderno de los fines del derecho penal y, desde luego, en uno de los factores más relevantes de la modificación -durante la última década- del alcance de principios político criminales clásicos. El deber de los Estados y de la comunidad internacional de castigar simplemente para poner fin a la impunidad aparece en el preámbulo del Estatuto de la Corte Penal Internacional, en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en sentencias de Tribunales Constitucionales, así como en un número significativo de obras doctrinales”13.
En lo fundamental, las bases conceptuales y prácticas de estas innovadoras doctrinas penales coinciden en destacar la necesidad de que todo crimen de Estado que lesiona los derechos humanos no puede ni debe quedar impune. En tal sentido, con independencia de coordenadas de tiempo y lugar, la memoria histórica de la humanidad y sus más constantes valores, exigen que sus perpetradores sean identificados, investigados, juzgados y sancionados penalmente. Además, que los daños materiales o morales que han padecido las víctimas directas e indirectas
(familiares) de tales formas de criminalidad, patrocinadas o avaladas por el poder del Estado, deban ser debidamente reparados e indemnizados. Por consiguiente, pues, ninguna institución o principio rector del derecho penal puede ser invocado o distorsionado para posibilitar, de manera absoluta o relativa, la neutralización, restricción o exoneración de las consecuencias jurídicas de tan execrables delitos.
Razones por las cuales, los delitos de lesa humanidad y sus autores o partícipes devienen en inamistiables, inindultables e imprescriptibles. E, igualmente, se admite para tales casos la retroactividad de las leyes penales desfavorables.
En el ámbito procesal penal, tales prácticas delictivas de carácter sistemático e indeterminado de atentados contra los derechos humanos, quedan por su propia naturaleza y significado internacional excluidas de los efectos del non bis in ídem y de la garantía de inmutabilidad de la cosa juzgada.
En todo caso, el presupuesto común que habilita la operatividad de todas estas excepciones a las reglas y principios penales o procesales de carácter legal e incluso constitucional, se expresa en la premeditada acción u omisión realizada por el Estado o sus órganos legislativo y judicial, para frustrar el descubrimiento y la sanción de los responsables. Específicamente, en los supuestos siguientes: “ a) cuando obedeció al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal; b) cuando el procedimiento no se instruyó de forma independiente e imparcial; o c) cuando no hubo intención de someter a la persona a la acción de la justicia“14.
La fuente jurisprudencial de todas estas doctrinas contra la impunidad ha quedado perennizada en las siguientes sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos:
• Caso Chumbimuni Aguirre y otros (Barrios Altos) vs. Perú del 14 de marzo del 2001.
• Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile del 16 de septiembre de 2006.
• Caso Gomes Lund y otros (Guerrilla do Araguaia) vs. Brasil del 24 de noviembre
del 2010.
• Caso Gelman versus Uruguay del 24 de febrero del 2011.
En todas estas decisiones se ha responsabilizado a los Estados involucrados y suscriptores de la Convención Americana de Derechos Humanos porque, a través de la promulgación, aplicación y tolerancia de leyes de amnistía, incumplieron las obligaciones convencionales consagradas en los artículos 8, inciso 1) y 25 sobre el derecho a las garantías judiciales, así como los derechos a la verdad y a la protección judicial. Al respecto, la Corte Interamericana ha mantenido una posición uniforme declarando en todas las sentencias citadas que las leyes de autoamnistía o de amnistía negociada son un obstáculo no removido por los Estados involucrados para el acceso
de las personas victimizadas o de sus familiares a los Tribunales de Justicia. Además, su vigencia oficialmente tolerada y dilatada impide y dificulta a éstos interponer un recurso sencillo y efectivo para el amparo de sus derechos violados, o para el esclarecimiento judicial de las circunstancias de tales acciones violatorias15.
En coherencia con todas estas constataciones valorativas la Corte Interamericana, en sus fallos de condena, destaca la cómplice inacción de las instancias judiciales para declarar la ineficacia absoluta de tales leyes, razón por la cual también se responsabiliza a los Estados denunciados de haber incumplido de mala fe sus obligaciones de garantía derivados de los artículo 1, inciso 1) y artículo 2 del aludido instrumento regional. Esto es, no haber organizado ni estructurado adecuadamente un sistema estatal integral de tutela oportuno y eficiente para que se asegure el libre y pleno ejercicio de los derechos personales.
Al respecto, se ha evidenciado también que este tipo de leyes de amnistía hace inoperativo dicho sistema de tutela y que, a pesar de ello, los Estados comprometidos no procuraron adecuar su legislación a las exigencias convencionales. Es más, en no pocas ocasiones las autoridades judiciales respaldaron expresamente la vigencia y eficacia de tales normas de impunidad. Como señala Miguel Arenas Meza, esta actitud pasiva o legitimadora de las instancias judiciales ha sido destacada por la Corte Interamericana de modo severo y crítico en los casos contra Chile, Brasil y Uruguay. En relación con ello el Tribunal Regional ha demandado, además, que cuando
“… el poder legislativo falla en su tarea de suprimir y/o no adoptar leyes contrarias a la Convención, es el Poder Judicial el que queda vinculado a dicho deber de garantía, por lo que los jueces deberán de abstenerse de aplicar cualquier norma contraria a la Convención ya que de otro modo, el Estado incurriría en responsabilidad internacional. Por consiguiente son los jueces, como parte del aparato del Estado, quienes están llamados en ciertas circunstancias a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención Americana no se vean vulneradas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin tal como ocurre con las leyes de autoamistía”16.
Afortunadamente para el Perú, la decisión y el compromiso democrático de la Jueza Antonia Saquicuray, quien declaró inaplicable la Ley de Autoamnistía N°26474 -en medio de un contexto de guerra sucia y de copamiento sistemático de los poderes del Estado- descalificando sus efectos por inconstitucional y contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, ha colocado tal actitud valiente y no exenta de alevosas represalias como un referente precursor de la aplicación judicial de la doctrina penal de la no impunidad en Latinoamérica17. Efectivamente, este aislado antecedente dio lugar al Caso Chumbimuni Aguirre, conocido también en el contexto regional como “Barrios Altos”, para rememorar la zona de Lima donde tuvo lugar uno de los crímenes de Estado más emblemáticos ocurrido durante el gobierno de Alberto Fujimori.
Fue a partir de este proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que los fines de la justicia transicional y el derecho a la verdad, se antepusieron a toda política de impunidad. Pero, además, como bien destaca José Zalaquett Daher, la importancia particular de dicho caso estriba en que se refiere expresamente a las obligaciones estatales de esclarecer y castigar los delitos de lesa humanidad como parte del ius cogens; es decir, de derechos no derogables e incluso de reconocimiento pre convencional. Esto es, los califica como“derechos que no pueden ser objeto de suspensión, ni aún en caso de guerra u otra emergencia legalmente declarada”18.
IV. IMPACTO DE LA DOCTRINA PENAL DE LA NO IMPUNIDAD
EN EL TRATAMIENTO JUDICIAL DE CASOS POR VIOLACIÓN DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN LATINOAMÉRICA.
Es evidente que en la actualidad los fiscales y jueces latinoamericanos cuentan con una validada doctrina y jurisprudencia regional para interdictar cualquier manifestación de autoamnistías o amnistías negociadas. Ello, además, es visible en varios países de nuestro hemisferio donde la judicatura viene aplicando sin mayores cuestionamientos o reticencias los principios y reglas de la doctrina penal de la no impunidad.
Por lo demás, luego de las sentencias recaídas en el caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile; así como en el caso Gomes Lund y otros (Guerrilla do Araguaia) vs. Brasil, cualquier duda sobre la labor que deben desempeñar fiscales y jueces frente a la inaplicación de leyes de autoamnistía y amnistía negociada ha quedado totalmente disipada. Los roles están claramente definidos: los primeros deben incoar las acciones penales correspondientes y los segundos deben aplicar en el juzgamiento los principios y reglas definidas por la doctrina penal de la no impunidad.
Por tanto, podemos sostener que en el presente y hacia el futuro tales políticas de no impunidad han quedado incorporadas plenamente a la gestión judicial, especialmente en sede penal, en los casos relativos a graves atentados contra los derechos humanos que estén aún pendientes de esclarecimiento y de sanción de los responsables en los países de nuestra región. Fundamentalmente porque, como se señaló, implementar dicha doctrina y praxis constituye un imperativo categórico para los sistemas penales de los Estados del continente, al estar ellas integradas en el ius cogens. No queda, pues, posibilidad alguna de anteponer normas e instituciones penales internas (prescripción, irretroactividad de leyes desfavorables, etc.) para evadir esta importante función y tarea de la justicia transicional; ni mucho menos subsisten argumentos sólidos y razonables para delegar o prorrogar la propia competencia que fiscales y jueces tienen al respecto.
Es más, ellos deben promover, cuando así se requiera, una interpretación teleológica y sistemática de tales disposiciones legales para adaptarlas a la doctrina desarrollada por la jurisprudencia relevante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o, en el caso de instancias supremas, impulsar Acuerdos Plenarios de eficacia vinculante que orienten el proceder de las instancias inferiores del Ministerio Público o de la Judicatura. Es por tanto correcto sostener, como lo hace Humberto Nogueira Alcalá, que “Los jueces nacionales no pueden realizar una lectura disociada del ordenamiento jurídico interno del derecho internacional de los derechos humanos válidamente exigible, ya que estas últimas determinan el alcance mínimo de las primeras”19.
En el Perú, por ejemplo, recientemente se han producido dos hechos importantes que muestran, palmariamente, el impacto real de la doctrina penal de la no impunidad en el quehacer de los jueces. Primero, el Tribunal Constitucional mediante sentencia del 21 de marzo del 2011, recaída en el Proceso de Inconstitucionalidad N° 0024-2010-PI/ TC-LIMA, ha declarado la inconstitucionalidad del Decreto Legislativo N° 1097 que pretendía declarar sobreseídos procesos penales en trámite e incoados a militares implicados en delitos contra los derechos humanos y que, además, procuraba excluirlos de las reglas de imprescriptibilidad en atención a que en el Perú la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad entró en vigencia recién el 09 de noviembre del 2003. Al respecto, el Tribunal Constitucional del Perú señaló en su fundamento jurídico 7, inciso 2):
“En efecto, es esa la fecha en la que esta Convención, de conformidad con el artículo 55  de la Constitución pasó a formar parte del ordenamiento jurídico vigente. Empero, como ha quedado dicho, eso no significa que la regla de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, sólo sea aplicable a las conductas típicas cometidas después de esa fecha. Por el contrario, según se ha argumentado supra, la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad es una norma de ius cogens aplicable en todo tiempo y que encuentra reconocimiento en el derecho fundamental a la verdad previsto en el ordenamiento constitucional peruano”20.
En segundo lugar, las Salas Penales de la Corte Suprema de Justicia de la República aprobaron el 13 de noviembre del 2009, el Acuerdo Plenario N° 9-2009/CJ-116 sobre el Delito de Desaparición Forzada de Personas, recogiendo en varios de sus fundamentos jurídicos la doctrina desarrollada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia21.
Cabe anotar, también, que en el plano legislativo la doctrina penal de la no impunidad se va confirmando en algunas propuestas y reformas legales. Ese es el caso, por ejemplo, del Anteproyecto de Código Penal 2008-2010 que ha incluido sus orientaciones y criterios en su Libro Tercero denominado “Delitos contra el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”22.
En ese contexto, pues, complace verificar cómo en el último lustro la recepción e internación de la doctrina penal de la no impunidad se ve también plasmada en las decisiones adoptadas por los Tribunales Penales de la región, los cuales vienen adelantando significativos actos de juzgamiento y aplicando ejemplares sentencias condenatorias a los responsables de crímenes de Estado en Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Esta corriente que reivindica a la magistratura latinoamericana se expresa, por lo demás, como irreversible. Tal tendencia es destacada por Miguel Arenas Meza, aunque reconoce también la presencia, felizmente minoritaria, de disfunciones al respecto:
“En los últimos años se observa una clara tendencia en los Tribunales internos de los Estados latinoamericanos por adecuar sus pronunciamientos y sentencias en casos donde se dilucida la aplicación de leyes de amnistía a lo dispuesto por la Corte Interamericana en su jurisprudencia, en una clara muestra de la influencia y autoridad que tienen los pronunciamientos de este órgano jurisdiccional. La situación sin embargo es dispar en los distintos países. En algunos de ellos esta adecuación ha sido satisfactoria, asumiéndose plenamente los argumentos de la Corte. En cambio, en otros países se constata una preocupante reticencia a asumir dichos argumentos, pues se sigue insistiendo en la equivocada idea que las leyes de amnistía constituyen mecanismos decisivos para alcanzar la reconciliación nacional y que, por tanto, deben mantenerse vigentes”23.
En armonía, pues, con esta favorable coyuntura, lo que ahora resulta pertinente es identificar algunos instrumentos penales y procesales que se muestran idóneos para un adecuado desempeño de las acciones de justicia transicional que se vienen cumpliendo en nuestra región; los cuales, además, han demostrado ya sus bondades y aptitudes en procesos penales concretos como el realizado contra los Integrantes de la Juntas Militares en Argentina o contra el ex Presidente Alberto Fujimori en el Perú24.
En lo fundamental, cabe partir por precisar que todas estas herramientas teóricas y prácticas se adaptan plenamente a las necesidades que demanda un adecuado enfoque penal y procesal de los crímenes de Estado. Además, que ellas son en muchos aspectos diferentes de las que suelen aplicar jueces y fiscales para el procesamiento y atribución de responsabilidades por delitos clásicos o convencionales.
Por ejemplo, resulta obvio que las acciones de pesquisa, la construcción de la teoría del caso y la interpretación de las evidencias adquieren, en este tipo de procesos por delitos de lesa humanidad, una dimensión y una estructura complejas, muy distintas de las que regularmente gobiernan el juzgamiento de delitos comunes. Es más, deviene en frecuente constatar que las reglas y ritos de los códigos procesales no han estado preparados para este tipo de enjuiciamientos; por consiguiente, una exigencia esencial que estas diferencias imponen a los operadores de justicia es, precisamente, la de familiarizarse técnicamente con ellas a fin de poder superar oportunamente las inevitables dificultades que han de ocasionar a la organización y conducción de los procesos. Sobre todo porque cualquier alternativa de superación o corrección debe definirse y configurarse siempre bajo la política esencial de respeto irrestricto de los principios del debido proceso legal. Ahora bien, la experiencia peruana, vinculada a la
investigación y juzgamiento de los responsables de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta ha demostrado que estos megaprocesos demandan una meditada organización que siempre trasciende al mero desarrollo del juicio.
En efecto, hay varios factores que deben ser tomados en cuenta y que están relacionados, entre otros aspectos, con las condiciones especiales de los imputados, en algunos casos mandos militares o altos funcionarios aún en actividad o que conservan espacios de poder e influencia.
También deben identificarse los niveles de información colateral o complementaria, especialmente aquellos que demandan conocer o identificar las conexiones internas u operativas, así como los canales de comando y gestión de las organizaciones comprometidas.
Es igualmente necesario contar con una aproximación histórica y psicosocial del contexto socio-político en que se produjeron los hechos imputados. Asimismo, se debe indagar e interpretar el carácter simbólico que generalmente se ha dado al modus operandi empleado en la comisión de los actos criminales, y asumir la premisa que en esta clase de actividad delictiva será común la ausencia de documentos vinculados a las órdenes comprometedoras o a sus modalidades de trasmisión.
Los jueces y fiscales deben, pues, instruirse y mentalizarse sobre todo ello. Es relevante señalar que sus dudas, reparos o indecisiones pueden configurar o coadyuvar a la eficacia de factores de impunidad, que siempre estarán latentes a lo largo del proceso y que hay que advertir y controlar oportunamente (maniobras dilatorias u obstruccionistas). Es, por tanto, una necesidad insoslayable para el éxito de la verdad y de la justicia que los operadores jurisdiccionales o fiscales organicen, orienten o administren estratégicamente sus investigaciones y procesos. En todos estos casos la improvisación será siempre sinónimo de fracaso.
Ahora bien, en el plano técnico serán de suma utilidad para un exitoso manejo de las decisiones de fondo el conocimiento y la aplicación de las siguientes herramientas conceptuales y prácticas:
• Las teorías de imputación basadas en la autoría mediata por dominio de aparatos de poder organizados.
• La teoría de atribución de responsabilidad por omisión del superior.
• Las teorías de construcción y valoración de la prueba indiciaria.
• La admisión y valoración de medios de prueba no convencionales como los informes y hallazgos de las Comisiones de la Verdad.
• Los informes técnicos especializados y los amicus curiae.
• Las construcciones normativas sobre el poder militar de los jefes de Estado.
• La utilidad de procedimientos especiales de colaboración eficaz o terminación anticipada del proceso por conformidad del imputado con la acusación fiscal.
• Las reglas y procedimientos especiales de determinación de las penas y demás consecuencias jurídicas del delito.
Como ya se ha mencionado, todos estos instrumentos penales y procesales fueron examinados y aplicados en el caso de las Juntas Militares argentinas así como en el seguido al ex Presidente peruano Fujimori, mostrando un eficaz rendimiento para la búsqueda de la verdad, así como para la condena y sanción penal de los procesados.
V. CONCLUSIONES
El examen realizado a las leyes de amnistía y a su relación con las doctrinas penales de la no impunidad, nos permiten formular las siguientes conclusiones:
1. Las autoamnistías y las amnistías negociadas han constituido un evidente abuso de poder, orientado a promover la impunidad de los delitos de lesa humanidad.
2. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la necesidad de que las autoridades judiciales interdicten activamente la operatividad de las autoamnistías y de las amnistías negociadas, así como de sus perniciosos efectos.
3. El presente muestra una clara tendencia en el ámbito judicial hacia la aplicación directa e integral de la doctrina penal de la no impunidad.
4. Es pertinente formular estrategias comunes para una adecuada gestión de los procesos judiciales por crímenes de Estado en Latinoamérica.
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Pie de  Pagina
2. AVELLO, María. “La Justicia Transicional vista desde Europa”. En: Esfuerzos Europeos de Justicia
Transicional. Documento de Trabajo N° 58. Madrid, FRIDE, p. 2.
3. ZALAQUETT DAHER, José. (2007). “El Caso Almonacid. La noción de Obligación Imperativa de
Derecho Internacional de Enjuiciar Ciertos Crímenes y la Jurisprudencia Interamericana sobre Leyes
de Impunidad”. (2007). Anuario de Derechos Humanos. N°3. Junio 2007. p. 194.
4. OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS.
“Iniciativas de Persecución Penal”. En: REED HURTADO, Michael (Editor). (2008). Judicialización de
Crímenes de Sistema. Bogotá, Centro Internacional para la Justicia Transicional, p. 50.
5. Cfr. COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN DEL PERÚ.(2008). Hatun Willakuy. Versión
Abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú. Primera Reimpresión.
Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú y otros, pp.38 y ss.
6. SOBREMONTE MARTINEZ, José Enrique. (1980). Indultos y .Amnistía. Valencia, Universidad de
Valencia, p.59.
7. VELÁSQUEZ, Fernando. (2009). Derecho Penal. Parte General. Cuarta Edición. Medellín, COMLIBROS,
p. 1187.
8. COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T.S. (1987). Derecho Penal. Parte General. Valencia, Tirant Lo
Blanch.
9. ROY FREYRE, Luis Eduardo. (1998). Causas de Extinción de la Acción Penal y de la Pena. Lima,
Grijley, p. 174.
10. ZAFFARONI, Eugenio Raúl. (2000). Derecho Penal. Parte General. Buenos Aires, EDIAR, p.118.
11. SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. “¿Nullum Crimen Sine Poena? Sobre las doctrinas penales de la
lucha contra la Impunidad y del Derecho de la Víctima al Castigo del Autor”. (2008). Derecho Penal y
Criminología. Vol. 29. N° 86-87. Año 2008. p.149 y ss.
12. MEINI, Iván. (2008). “Protección Penal de los Derechos Humanos”. (2008). Temas de Derecho
Penal. Libro Homenaje a Luis Guillermo Cornejo Cuadros. Arequipa, Editorial Adrus, pp.251 y 252.
13. SILVA SÁNCHEZ. Op. Cit., p.152.
14. SILVA SÁNCHEZ. Op. Cit., p. 154.
15. Cfr. FUNDACIÓN PARA EL DEBIDO PROCESO LEGAL. (2009). Digesto de Jurisprudencia
Latinoamericana sobre Crímenes de Derecho Internacional. Washington, pp. 259 y ss
16. ARENAS MEZA, Miguel. (2010). “La Contribución de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos a la Eliminación de las Leyes de Amnistía en América Latina. Un Paso Decisivo
en la Lucha contra la Impunidad”. En: 200 años de Iberoamérica Actas del XIV Encuentro de
Latinoamericanistas Españoles. Santiago de Compostela, pp. 2181 y 2182.
17. Al respecto véase LUNA SANTILLANA, Abelardo y NUÑEZ VELÁSQUEZ, Guillermo Edgardo.
(2003). “El Caso Barrios Altos”. En: El Diplomado N° 1. pp. 35 y ss.
18. ZALAQUETT DAHER. (2007). Op. Cit., p.191.
19. NOGUEIRA ALCALÁ, Humberto. (2007). “Los Desafíos de la Sentencia de la Corte Interamericana
en el caso Almonacid Arellano”. En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. N° 7,
2007. p. 316.
20. Sobre esta sentencia véase: MEDINA TAPIA, Rurik J. (2011). “La imprescriptibilidad de los crímenes de Lesa Humanidad”. (2011). Gaceta Penal y Procesal Penal. N° 22. Abril, 2011. pp. 13 y ss.
21. Véase su texto en CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA. (2010). V Pleno Jurisdiccional
de las Salas Penales Permanente y Transitorias 2009. Lima, pp. 96 y ss.
22. Cfr. TORRES CARO. Carlos Alberto. (Compilador). (2011). El Nuevo Código Penal Peruano. Lima,
Fondo Editorial del Congreso del Perú, pp. 272 y ss.
23. Íbidem, p. 2186.
24. Cfr. AMBOS, Kai y MEINI, Iván (Editores). (2010). La Autoría Mediata: El Caso Fujimori. Lima, ARA
Editores.

 
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sábado, 1 de diciembre de 2012

MOVADEF: RADICALISMO POLÍTICO Y RELACIONES INTERGENERACIONALES


Jefrey Gamarra
En estos días mucho se comenta en el Perú acerca del denominado Movadef (Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales) y de sus conexiones con un amplio grupo de organizaciones y movimientos sociales. Prácticamente cualquier evento con cierta dosis de violencia o estridencia es asociado con dicha agrupación política. A fuerza de enunciar la necesidad de poner fin al conflicto armado de los años ochenta en el Perú, denunciar la “injusta” prisión de su líder máximo, Abimael Guzmán, y sostener que la violencia desatada en el Perú de fines del siglo pasado era no solo necesaria sino justa, sus miembros se han ganado fama de radicales y violentistas.

En la opinión pública peruana existe desde luego preocupación en torno a su crecimiento como movimiento capaz de volver a desarrollar acciones violentistas y usar la democracia para “volver al pasado”. Dada la experiencia vivida respecto de un Sendero Luminoso que logró, durante los años ochenta, constituir una base social compuesta principalmente por jóvenes, diferentes sectores, desde la derecha tradicional hasta la izquierda más comprometida con el cambio, expresan su temor a que nuevamente los jóvenes sean captados por el Movadef o, lo que sería peor, se acerquen, identifiquen y terminen apoyando su radicalismo político.

Paralelamente a las advertencias que hacen los actores políticos, algunos especialistas en el tema se refieren al efecto catastrófico que tendría para la democracia peruana, todavía débil y poco institucionalizada, un Movadef infiltrado en diferentes espacios como los educativos. La línea de continuidad que estos establecen entre lo desencadenado por el senderismo y lo que eventualmente puede hacer el Movadef a partir de ganar “la batalla de los corazones y las mentes” es un asunto no solamente delicado, sino complejo si se toma en cuenta en los estudios sobre el Movadef las características, aspiraciones y demandas de una juventud potencialmente participante en el proyecto político de esta agrupación.

¿Cómo entender la participación o el desinterés de los jóvenes respecto al Movadef? ¿Cuán proclive a la violencia política es hoy la juventud peruana? Intentar una respuesta nos lleva necesariamente a rescatar el concepto de “generación” para analizar a este movimiento. Brevemente podemos referirnos a la generación como un grupo social con una mentalidad particular de duración temporal, y cuyos miembros viven en un mismo periodo de tiempo. Esta definición nos ayuda a establecer, por tanto, si entre quienes vivieron como jóvenes las décadas de los setenta y ochenta y los de hoy existe una relación de continuidad como generación. ¿Qué hay de común entre los jóvenes universitarios radicales de esos años y quienes apoyan hoy a los radicales seguidores del Movadef?

El modo de generación

Referirnos al modo  de generación implica tomar en cuenta la manera como se socializaron, escolarizaron y profesionalizaron los jóvenes durante los años setenta y ochenta en nuestro país y que se han producido cambios hoy en día.

En los años setenta y ochenta, la socialización era mucho más familiar y al mismo tiempo más comunitaria. Lo grupal era el modo común de aprendizaje de prácticas sociales y representaciones de la realidad circundante. Podemos decir que la socialización era directa y “presencial”. Las distintas manifestaciones de la actividad política, como huelgas, marchas, mítines o movilizaciones, eran parte de la vida cotidiana para muchos sectores urbanos y rurales del país. Los jóvenes de hoy acceden en su mayor parte a información indirecta vía la televisión y las redes sociales. Además, estas manifestaciones han ido disminuyendo cuando no transformando su contenido: nos basta comparar los movimientos contra la contaminación ambiental o aquella asonada delincuencial como la de La Parada en Lima. En ciudades como Ayacucho, estas manifestaciones son menos frecuentes de lo que parece, y casi siempre la población limita su participación por el temor a revivir los viejos tiempos de los paros armados y la represión.

Unido a esto observamos un creciente individualismo inclusive entre los sectores que, se supone, todavía idílicamente, son depositarios de la tradición colectivista: las comunidades campesinas. Los jóvenes de estas comunidades se alejan cada día más no solo físicamente de ellas, sino que abandonan rápidamente las prácticas colectivas en búsqueda de actividades concebidas como individuales en esencia. Una prédica colectivista difícilmente puede convencerlos actualmente o terminar siendo de acatamiento masivo como lo fue aquella empleada por Sendero Luminoso y, no lo olvidemos, por otros grupos políticos afines. La pregunta es obvia: ¿qué espacios de socialización colectiva permanecen y pueden ser utilizados por quienes no han abandonado la idea de la colectivización forzada o voluntaria?

Esto nos conduce a señalar un segundo aspecto del modo de generación: la escolarización de quienes se educaron en los sesenta y setenta y la actual. Aquí cabe hacer una precisión. La escolarización o el modo de educarse en el Perú está en relación directa con el espacio social: los jóvenes de los sectores más pudientes se forman en centros educativos particulares en condiciones distintas a aquellos que estudian en instituciones educativas públicas. En muchas de estas últimas, sobre todo aquellas espacialmente distantes de una presencia más intensa y sectorialmente más amplia del Estado central, el tipo de escolarización no ha cambiado mucho. Conocida es la posición de rechazo de los maestros al método constructivista porque rompe con el esquema memorístico, autoritario y dependiente que tantos éxitos dio en el pasado para difundir la prédica radical en la educación peruana. Podríamos afirmar que allí donde la educación mantiene estilos y métodos anteriores, el proceso de continuidad generacional puede mantenerse temporalmente. El profesor de aula “pensamiento guía y depositario de conocimiento” tiene que competir cada vez más con fuentes alternativas e inclusive interactivas de información, y son pocos son los lugares del interior del país que todavía no acceden a estas nuevas tecnologías.

Es probable, por otro lado, que no sean pocos aquellos que buscan ligarse a este movimiento como parte del aprendizaje para desempeñarse más adelante como operadores políticos antes que por convicciones ideológicas.
Pero la escolarización por si sola no determina elmodo de generación. Existe asimismo un tercer elemento que debe ser tomado en cuenta: la profesionalización y el acceso a un mercado laboral. Mencionemos en primer lugar la manera en que los jóvenes de hoy en día desarrollan sus preferencias por determinadas carreras profesionales, y que no corresponden a aquellas tan en boga hace más de cuarenta años. Tampoco la orientación de las universidades parece ser la misma de esos años. La formación universitaria basada en la transformación y compromiso social de otrora ha cedido el paso a la universidad como la institución que ayuda al acceso exitoso de sus estudiantes a un exigente mercado laboral. En una universidad como la San Cristóbal de Huamanga, la Escuela Profesional de Educación ha perdido tres cuartas partes del número de postulantes con respecto al año 1986, mientras que la Escuela de Administración de Empresas (con fuerte énfasis en postulados “neoliberales”) ha visto quintuplicada su demanda por acceder a una vacante en el mismo periodo de tiempo. Difícilmente una agrupación política como el Movadef, que mantiene en su ideario y práctica cotidiana la renuncia a cualquier interés personal en aras de la defensa del partido y su jefatura histórica, puede concitar el interés masivo de los jóvenes universitarios. Es probable, por otro lado, que no sean pocos aquellos que buscan ligarse a este movimiento como parte del aprendizaje para desempeñarse más adelante como operadores políticos antes que por convicciones ideológicas. Esto se observa en no pocos dirigentes estudiantiles que devienen en promotores o intermediarios en movimientos o agrupaciones políticas locales y regionales que muchas veces nada tienen que ver con posiciones radicales.

Igualmente, el acceso al mercado laboral se ha transformado aceleradamente en los últimos años, y las ocupaciones más demandadas y aquellas de las que se reclutan los funcionarios públicos tienen que ver más con profesiones liberales y técnicas. La proletarización ha disminuido, más bien han crecido los sectores de servicios y es evidente el desarrollo de los sectores medios o, para decirlo en términos de otra época, la pequeña burguesía. A esta tendencia se añade otra relacionada al estatus profesional. Este último hacía que alcanzarlo implicara adquirir derechos laborales permanentes. Frente a esto, la meritocracia, a través de la permanente capacitación para alcanzar nuevos grados académicos, se expande cada vez más entre la actividad privada y pública. Esto nos permite entender por qué el Movadef tiene presencia en gremios docentes como el Conare, donde la meritocracia es resistida con más fuerza. Resulta además comprensible la participación de los maestros en este gremio no necesariamente por identificación con los postulados del Movadef, sino por razones más prácticas: la dificultad de acceder, en lugares alejados como Ayacucho o Huancavelica, a estudios de posgrado, que demandan además gastos que no pueden ser cubiertos con sus magros ingresos.

A nivel de universidades, sobre todo públicas, el estatus de catedrático aún permanece y genera cada vez más tensiones con docentes jóvenes formados en posgrados. Podríamos decir que los profesores más proclives al radicalismo son quienes más se resisten a realizar estudios de posgrado en centros académicos de prestigio, lugares donde sus ideas difícilmente pueden concitar la atención que podían conseguir frente a sus alumnos en otros tiempos.

Hemos mostrado hasta aquí, aunque muy resumidamente, la manera como una generación social es sucedida por otra a partir de los cambios o transformaciones en el modo de generación. También existe otro factor a tomarse en cuenta para entender la génesis de las generaciones.

El efecto de generación

Si el proceso histórico se halla en la base del modo de generación, determinados eventos históricos afectan la génesis de una nueva generación. En el Perú, en los últimos treinta años, no hemos tenido un evento similar al del conflicto armado interno que haya impactado tanto en el imaginario y la memoria de los peruanos. En torno este acontecimiento se discute si es conocido o ignorado por los jóvenes que no vivieron la violencia de esos años. Para muchos de los que abordan el tema de la violencia, memoria y olvido constituirían los dos campos de una línea demarcatoria para distinguir a los jóvenes de los años ochenta de aquellos de estos primeros años del siglo XXI.

Sin embargo, planteamientos de este tipo no hacen sino simplificar un proceso más complejo de relaciones entre grupos distintos: los jóvenes de ayer y los de ahora. Para empezar, no es que quienes no tuvieron la experiencia de la violencia de manera directa ignoren lo que sucedió. Los mecanismos de transmisión de memoria e información sobre el evento han sido varios. Más que los lugares de memoria, ha sido y es importante tomar en cuenta los espacios de transmisión de memoria y aprendizaje del evento. Así, un lugar importante constituye el propio espacio doméstico de socialización de las experiencias en torno a la violencia. Aquí es preciso mencionar el concepto de “generación familiar”2 como la sucesión filial, pero que al mismo tiempo tiene, a nuestro modo de ver, importancia en la transmisión de la memoria intergeneracional. Así como familias de senderistas pueden transmitir una determinada memoria a su sucesión, también lo hacen las familias de quienes fueron sus víctimas o adversarios.3

Los espacios de transmisión de memoria también son importantes para las relaciones entre generaciones sociales. Escuelas y universidades constituyen buena parte de estos espacios, pero la transmisión no es mecánica. El modo y el efecto de generación, además del propio espacio social, se constituyen en mediadores de este proceso. Aquí cabe preguntarse sobre las diferencias entre escuelas y universidades públicas respecto de aquellas instituciones privadas. ¿De qué modo el espacio social influye en la transmisión de memoria entre generaciones?

El problema radica en las generalizaciones simplistas basadas en consideraciones tales como que las universidades y colegios nacionales son espacios de transmisión de memoria senderista.
Obviamente, no se trata de una transmisión automática de la memoria de una generación presencial a una sucedánea. El problema radica en las generalizaciones simplistas basadas en consideraciones tales como que las universidades y colegios nacionales son espacios de transmisión de memoria senderista. La situación es mucho más compleja y tiene que ver al mismo tiempo con el modode generación. La precariedad de la educación, la incapacidad de quienes gestionan estos espacios educativos para satisfacer demandas de profesionalización que permitan el acceso a un mercado laboral cada vez más exigente intervienen, y mucho, en la transmisión de la memoria. No es persiguiendo a los supuestos agentes pertenecientes a la generación presencial como se resolverá el problema. Tampoco apelar al combate ideológico (como si se tratara de enfrentar el problema de la memoria con la violencia ideológica) ayuda a superarlo. Además, la precariedad no conduce directamente a los jóvenes a participar en el Movadef. Si el efecto de generación puede marcar las trayectorias individuales, es probable que algunos jóvenes, independientemente de su posición en el espacio social, terminen seducidos por la prédica de quienes han elaborado un discurso antisistema. Asimilar una memoria violentista puede ser atractivo para quienes quieren reafirmar su condición de diferentes en el espacio social. En todo caso, no se trata de actitudes que alcanzan a todos los jóvenes de hoy o que, como se busca mostrar, tengan un carácter masivo. Podemos acotar asimismo que los jóvenes se radicalizan a partir de la transmisión individual y no colectiva de la memoria mediante las redes sociales. Aunque este proceso no está suficientemente estudiado en el caso del Movadef.

Pensar que los jóvenes de hoy pueden representarse el mundo y actuar en consecuencia como los de hace cuarenta años es difícil de sostener respecto a los apoyos o rechazos a grupos como el Movadef. Como hemos mostrado anteriormente, si tomamos en cuenta aspecto tales como el modo y efecto de generación, así como otros referidos a los cambios en la manera de pensar y actuar, y a los paradigmas políticos y tecnológicos, en suma, un mundo cambiado respecto a los años de la violencia, es posible sostener que nos hallamos frente a una nueva generación, que posee un modo distinto de pensar a Sendero Luminoso y de acercarse o rechazar a sus seguidores del Movadef. Esta generación puede ser denominada con el prefijo común de post y completada con los calificativos de clasista, política o violentista. Lo que sostenemos es que difícilmente será como la precedente, a pesar de que las memorias transmitidas desde estos últimos puedan guardar los mismos contenidos. Por tanto, si bien la reproducción del conjunto social se hace a través de la sucesión de generaciones, los proyectos políticos o las propuestas de transformación social no poseen el mismo carácter sucesorio. Son finalmente enunciados sociales que no necesariamente serán tomados en cuenta por una nueva generación.

Radicalismo y generación

Difícilmente el radicalismo político de una generación presencial puede subsistir a través de la siguiente sin ser replanteado y adaptado a las nuevas demandas generacionales. Frente a este problema, el radicalismo puede recurrir a la alternativa del aggiornamiento (real o figurado) o a incorporar determinadas demandas de la nueva generación.

En el caso del Movadef, la lealtad al pensamiento de su líder, Abimael Guzmán, le crea muchas dificultades para intentar un aggiornamiento incluso ficticio. Mantener, por ejemplo, ideas radicales con respecto a la colectivización de la economía o proclamar postulados autárquicos en un Perú que se globaliza rápidamente no genera muchas simpatías en una juventud ávida por incorporarse al mercado no solo laboral, sino de consumo. Si comparamos este radicalismo con el de algunos movimientos religiosos, encontramos que estos últimos no tienen que hacer frente a esta dificultad, pues no luchan contra el mercado, sino contra sus imperfecciones morales.

Frente a esto, radicalismos como el del Movadef apuestan a la personalización de ideas y postulados. La presencia física y en libertad de su pensamiento guía puede ayudar a mantenerlos o justificar su sustitución por otros. De allí la necesidad de lograr la libertad de Abimael Guzmán o, en todo caso, establecer una sucesión reconocida y legitimada de otro líder carismático. Osmán Morote es una posibilidad, pero ¿cuán atractiva puede ser su imagen para los jóvenes de hoy como lo es para sus viejos conocidos ayacuchanos?

Una reflexión final

Ante la paranoia social desatada en el Perú respecto al peligro que representa el Movadef y su capacidad para convencer a los jóvenes sobre la violencia y el proyecto político que pretende imponer, es necesario considerar que ha surgido una nueva generación como producto de los cambios tanto en el modo así como en el efecto de generación. Los jóvenes de hoy no son los de ayer, tampoco reaccionan del mismo modo, y menos aún están dispuestos a actuar homogéneamente. El espacio social de hoy ha cambiado, los intereses son mucho más diversos y, por tanto, difícilmente están dispuestos a aceptar proyectos políticos homogeneizantes o masificadores. En un contexto de este tipo, podemos decir, parafraseando el título de uno de los libros de Carlos Iván Degregori, “¡qué difícil es ser radical!” respecto de esta nueva generación.



* Profesor de la Universidad Nacional de Huamanga

1 Utilizo este concepto a partir del trabajo de Gérard Mauger sobre lo intergeneracional. Ver al respecto Mauger  2009: 17-36.
2 Ver Mauger 2009: 19.
3 Para el tema de generación y memoria, ver Gamarra Carrillo: 2010.

Referencias bibliográficas

Mauger, Gérard (2009). “Génération et rapport des générations”. En Anne Queniart y Roch Hurtubise (eds.), L’intergénérationel, regards pluridisciplinaires. París: Presses de l’Ecole des Hautes Études en Santé Publique, pp. 17-36.

Gamarra Carrillo, Jefrey (2010). Generación, memoria y exclusión: la construcción de representaciones sobre los estudiantes de la Universidad de Huamanga (Ayacucho): 1959-2006.Ayacucho: Proyecto Hatun Ñan Unsch/Vicerrectorado Académico.


Este artículo debe citarse de la siguiente manera:

Gamarra, Jefrey . “MOVADEF: radicalismo político y relaciones intergeneracionales”. En Revista Argumentos, año 6, n° 5. Noviembre 2012. Disponible enhttp://revistargumentos.org.pe/movadef__radicalismo_politico.html ISSN 2076-77