Controversia. Proyecto del Ejecutivo pena con cárcel a
quienes nieguen violencia terrorista y señala que bajo libertad de
expresión no se puede lesionar a víctimas de la barbarie.
Marco Sánchez/
La polémica por el proyecto de Ley del Negacionismo, que pretende
sancionar a quienes nieguen o justifiquen los delitos terroristas, sigue
creciendo y enfrenta al gobierno y juristas por el peligro que podría
significar para las libertades fundamentales.
La iniciativa reprime con pena de cárcel entre cuatro y ocho años a
quienes mediante acciones públicas enaltezcan al responsable de acciones
terroristas, estimulen la violencia, hostilicen a las víctimas o
realicen adoctrinamiento, según el proyecto del Ejecutivo.
Desde su aprobación en el Consejo de Ministros el viernes pasado, el
gobierno se cuidó de no filtrar el borrador y recién lo presentó al
Congreso la noche del martes, con algunos cambios. Entre los
principales, redujo la pena máxima que inicialmente era de 12 años a
ocho.
Sin embargo, el espíritu sancionador se mantuvo y ello ha generado
críticas y rechazo entre juristas y gremios de prensa y la sociedad
civil.
El Ejecutivo justifica la norma bajo la explicación de que la
libertad de ideas no puede afectar la paz social ni "generar un clima de
opinión a favor del terrorismo".
"No se puede permitir que por una concepción errada de la libertad
de expresión se menosprecie y lesione la dignidad de un grupo social
afectado por los actos terroristas", indica la exposición de motivos.
Señala que la propuesta se dirige a quienes afecten el sistema democrático y que por ello "no vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión" reconocido en la Constitución.
Señala que la propuesta se dirige a quienes afecten el sistema democrático y que por ello "no vulnera el derecho fundamental a la libertad de expresión" reconocido en la Constitución.
El Ejecutivo además expresa que para el Tribunal Constitucional "no existen derechos fundamentales absolutos".
En contra
Víctor García Toma, ex presidente del TC, recordó a este diario que una
ley similar en España fue declarada inconstitucional y que lo mismo
podría ocurrir aquí "por afectar libertades básicas como las de
expresión y opinión".
Según el jurista, la ley que sanciona la apología al terrorismo
tipifica el mismo delito penal y con penas mayores (hasta doce años).
"Generará problemas de interpretación y aplicación y se descuida el
plano político donde se debe combatir al Movadef y otros grupos. Es un
tema de educación más que de persecución penal", opinó.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se mostró en contra: "Existe
el riesgo de que periodistas o directores de medios de comunicación que
propalen entrevistas a miembros de organizaciones terroristas, en las
que estos defiendan o nieguen sus delitos, sean denunciados como
cómplices del delito".
Señaló que amenaza la libertad de opinión y al derecho al análisis de resoluciones judiciales sobre terrorismo.
Claves
El proyecto 1464/2012-PE incorpora el artículo 316-A al Código Penal
para sancionar a quienes aprueben, justifiquen, nieguen o minimicen
delitos cometidos por integrantes de organizaciones terroristas
"establecidos en sentencia judicial firme".
El ex fiscal Avelino Guillén también opinó en contra y dijo que “no
se puede penar el derecho de pensar y opinar y no se puede penar la
investigación ni criminalizar las ideas".
FUENTE: LA REPUBLICA (CLIC AQUI)
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