Julio Mendoza García
Con
motivo de la pasada interpelación del Congreso a la Ministra de
Educación, Patrica Salas, uno de los temas presentados al debate por la
derecha bruta, achorada y fascista, para “ganar puntos”, fue el Proyecto
de Ley que impediría que un profesor condenado por terrorismo pueda
regresar a aulas de por vida.
La
izquierda peruana y el SUTEP siempre han deslindado contra el
terrorismo, no sólo por razones políticas coyunturales sino por
convencimiento desde el sindicalismo clasista y la izquierda que
regularmente, desde Mariátegui, han deslindado con el terrorismo como
forma de “lucha popular”.
Por
eso la izquierda y el magisterio han estado confrontados con el
Senderismo. Por eso la lucha para que el SUTEP no caiga en mano de
ellos. Por eso, maestros ejemplares, como Marcelino Pachari (Puno), Juan
Corilloclla (Huancavelica), Dacio García (Ayacucho), Tino López
(Junín), Esteban Flores (Tingo María) fueron asesinados por el
terrorismo, por el solo hecho de pensar como izquierdistas, como
sutepistas, y que en su práctica social, al servicio del pueblo,
deslindaron con el terrorismo de Abimael Guzmán y sus secuaces. Por eso
mismo, es necesario, hoy, el más firme deslinde con el
CONARE-MOVADEF-SL. En esta línea de conducta me he mantenido, con todos
los peligros que en momentos álgidos eso significaba. Y en todo ese
proceso la DBAF, nunca confrontó directamente con el terrorismo, siempre
bien protegida, siempre cobarde.
Por
eso también tenemos autoridad ética para pronunciarme sobre el proyecto
de Ley de “muerte civil y pedagógica” definitiva para los maestros que
han sufrido y cumplido condenas por terrorismo. Tenemos maestros
inocentes que fueron sentenciados por terrorismo, tenemos maestros que
habiendo cumplido con su sentencia hoy rechazan el terrorismo. Entonces
una Ley draconiana que simplemente decrete impedir, de por vida, el
ejercicio de la docencia a los maestros que han cumplido sentencia por
terrorismo sería una gran injusticia para los maestros inocentes, para
los maestros que ideológica y socialmente se han redimido de la
ideología, la militancia y el accionar terroristas. Por el contrario,
una ley de esas, favorecerá a los terroristas reales que usarán esa ley
para victimizarse.
Juristas
entendidos en la materia, señalan que la legislación actual es
suficiente para perseguir y sancionar a los terroristas. Además la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha avalado la legislación que
reformó la cuestionada legislación “antiterroista” del fujimontesinismo.
Por
esas razones consideramos que esa ley no resuelve el problema del
terrorismo. Por el contrario, puede atentar contra los derechos de gente
inocente o que sinceramente, y con todo derecho, se ha redimido
socialmente al purgar su condena y, sobre todo al deslindar ideologica,
política y en su práctica social con el terrorismo.
30/08/12